Unas cinco mil familias buscan certeza jurídica para acceder a programas federales y obras de infraestructura que permitan mejorar sus servicios básicos.

Acapulco, Gro., 14 de octubre de 2026.- Habitantes de la zona poniente de Acapulco protestaron para exigir su incorporación al proyecto de infraestructura de la Secretaría de Turismo federal, con el objetivo de mejorar los servicios básicos de alrededor de cinco mil familias que viven en asentamientos irregulares.

La mañana de este miércoles, decenas de mujeres y hombres acudieron a las instalaciones del Fideicomiso Acapulco, donde sostuvieron una reunión con autoridades para plantear la necesidad de contar con un censo poblacional certificado que permita acreditar la existencia de sus comunidades y garantizar que sus habitantes puedan acceder a obras y programas públicos destinados al desarrollo comunitario.

De acuerdo con el representante de los colonos inconformes, Farías Vázquez, durante el encuentro se acordó establecer mesas de trabajo y realizar recorridos de campo para avanzar en la incorporación de las comunidades a los programas federales.

Entre los asentamientos que solicitan apoyo se encuentran Paraíso Escondido, Ampliación Algo Membrillos, Cambio 21 y Roca de Oro, los cuales se establecieron de manera irregular hace aproximadamente 30 años y continúan sin contar con una regularización que brinde certeza jurídica a sus habitantes.

Farías Vázquez explicó que la falta de documentos que acrediten la propiedad de los terrenos y la existencia legal de las comunidades dificulta la dotación de servicios públicos y la realización de obras, debido a que no se cuenta con los elementos necesarios para justificar las inversiones.

Entre las principales carencias se encuentran el agua potable y el drenaje, pues las familias dependen del suministro mediante pipas y utilizan fosas sépticas. En los casos más graves, los desechos son arrojados a cauces y canales pluviales.

Ante esta situación, solicitaron la intervención de las autoridades estatales para iniciar los procedimientos correspondientes y otorgar certeza jurídica a las alrededor de cinco mil familias afectadas, quienes buscan regularizar sus predios y acceder a programas federales de apoyo.